CARTA ABIERTA AL GOBIERNO - ABRIL 2020

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Presidente de Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Excmo. Sr. José Luis Escrivá 
Ministra de Igualdad, Excma. Sra. Irene Montero Gil 
Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Francisco Fernández Marugán                                                                                          Madrid, 17 de abril de 2020. 
  
“La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.

Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país. 

 Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras. 

 La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.  

  En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.

  A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta. 

  La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia. 

 La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis. 

  Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera. 

  España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3).  “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia.  La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España. 

   Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).

  Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia. 

  Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.

Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.

  El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad. 

 Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta. 
 Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta. 
Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta. 
Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta.  Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta.
Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta. 
 Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta. 
Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.
 Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta.  Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.
 La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila 
Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta.   Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta. 
Asociación Movilidad Humana, representante, Katia González
Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etcheverry Guerin
Asesora Jurídica, abogada, María Alexandra Vásquez 


Organizaciones aliadas que apoyan el comunicado 👇👇👇

https://docs.google.com/document/d/16SXGFHlwvm21oq-PNCPnpi39eHdFbxj6JK0TlHYpESk/edit
(click en la imagen para leerlo)  👆👆👆

SOMOS RED - #01 ABRIL 2020

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Son ya diez años juntando nuestros saberes, nuestras fuerzas, nuestros ánimos y energías para defender nuestro derecho a un trabajo digno, a vivir una vida libre de violencias, a ejercer nuestra ciudadanía, a vivir en familia, entre otros.  Diez años generando resistencia, fortaleciéndonos, trabajando en red con otras asociaciones y colectivos para visibilizar e incidir sobre múltiples desigualdades que impactan en nuestras vidas como mujeres y migrantes.

Hoy damos a conocer nuestra boletina "Somos Red", donde unificamos voces para visibilizar y denunciar las realidades que las hermanas trabajadoras de hogar y cuidados están sufriendo en estos momentos, situación que de por sí es difícil, a causa del contexto que ha generado el convid-19

Pero, también hablamos de nosotras como Red, de cómo construimos sororidad, de cómo nos hemos ido enredando en búsqueda de alternativas que permitan llevar de la mejor manera posible esta crisis sanitaria mundial.

Compartimos con mucha ilusión este nuevo proyecto: "Somos Red" que recoge
nuestra voz migrante.


https://drive.google.com/file/d/133dOlxYl-I5jbUG1xJf5KRe4954GmlLw/view?usp=sharing
                                      (click a la imagen 👆👆 para leer "SOMOS RED")

¡NO NOS PUEDEN DEJAR ATRÁS!

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¡¡NO NOS PUEDEN DEJAR ATRÁS!!

En este momento que, España está enfrentando una crisis global sanitaria, de cuidados, producción y consumo queremos extender nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento al personal sanitario y no sanitario que está en primera línea haciendo frente a esta emergencia sin precedentes. Hoy más que nunca cobra valor y sentido una sanidad pública gratuita y universal para todos y todas.

Si bien es cierto esta pandemia no entiende de clases sociales, etnias, ideario político o credo religioso, es un hecho evidente que su impacto en la vida de las personas no es homogéneo. La crisis sanitaria que origina la pandemia deja al desnudo las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de algunos grupos de la sociedad, entre estos a las personas migrantes.

Saludamos las medidas de carácter excepcional contenidas en Decreto 463/2020 “estado de alarma” adoptado por el Gobierno; sin embargo no surten efecto en colectivos que tienen una frágil o nula conexión con la ciudadanía como son las personas en situación irregular que residen en el país, solicitantes de asilo, las personas que se encuentran internas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), o las personas que realizan trabajos en la economía sumergida, como las empleadas de hogar migrantes muchas de ellas trabajadoras internas en los hogares.

Las mujeres migrantes que trabajan como empleadas de hogar son mayoría entre las más de 630.000 (Encuesta de Población Activa), de las cuales sólo el 65% están dadas de alta. Entre las que trabajan en la economía sumergida, se encuentra un grupo importante de mujeres migrantes en situación de irregularidad jurídica, cuyas funciones exceden las propias del trabajo doméstico, al haberles sido asignadas funciones de cuidado de personas dependientes -mayores y enfermas- por lo general. La falta de contrato laboral, la invisibilidad y la ausencia de inspecciones de trabajo, las exponen a la explotación laboral y, en algunos casos incluso, a condiciones laborales que se pueden asociar a la esclavitud.

Según la información que nos están haciendo llegar estas mujeres a las asociaciones de nuestra Red, por lo general, no están contando con medios ni materiales necesarios para prevenir el contagio del coronavirus en sus puestos de trabajo, exponiendo su salud. Aquellas que no trabajan como internas y regresan a sus hogares después de una larga jornada laboral, también están poniendo en riesgo la salud de sus familiares.

La crisis sanitaria actual, que también es una crisis económica, social y familiar fragiliza la economía de muchas familias y, en algunos casos, empobrece. Provoca impagos en los alquileres; reduce considerablemente la vinculación social, con la consiguiente pérdida de contactos laborales; enfrenta a muchas personas a la soledad y el aislamiento; el encierro y las preocupaciones acarrean depresión o ansiedad y termina originando problemas de salud mental que, en definitiva, es también un problema de salud pública.

Esta situación incrementa el riesgo de sufrir violencia de género de mujeres, sus hijos e hijas que ya la experimentaban antes del confinamiento, pero que ahora se ven obligadas a compartir vivienda las 24 horas con sus agresores. En los primeros días de confinamiento social, se dieron a conocer los primeros casos de asesinatos por violencia de género y las llamadas al 016 se han incrementado en un 20%, según fuentes oficiales.


La atención a la salud de la población migrante sufrió un importante menoscabo en 2012, con la regulación del Real Decreto Ley 16/2012, que sin bien ha sido derogado -parcialmente- por el actual Gobierno de España, sus efectos a largo plazo se pueden observar en la discriminación y el racismo todavía imperante en algunos sectores de la población, que demandan la exclusión de las personas migrantes del sistema sanitario (por ejemplo, la reciente declaración en prensa de un miembro del partido de ultraderecha español Vox).

Debemos recordar en este punto, que la Ley de Extranjería ha restringido considerablemente el derecho a vivir en familia de las mujeres migrantes, al haber ampliado los requisitos exigibles para reagrupar a familiares, en la modificación efectuada en 2009. Esto ha provocado un debilitamiento considerable de la red de apoyo de las mujeres migrantes residentes en España, que hoy demuestra su cara más cruda.
Como Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe no podemos dejar de mencionar los efectos trasnacionales que tiene esta pandemia, que afecta a la salud y economía de nuestros países y de nuestras familias de origen; lo que añade angustia y preocupación a las trabajadoras inmigrantes, que mantienen miembros de la familia, tanto aquí como allí. Nos preocupa sobremanera los débiles sistemas sanitarios públicos que, serán incapaces de afrontar esta pandemia y condenara a la pobreza a miles de mujeres y hombres.
A todo ello, tenemos que denunciar la precariedad en que desarrollamos nuestro trabajo las asociaciones de mujeres migrantes, contando básicamente con trabajo voluntario. En las últimas décadas los efectos de la crisis económica, entre los que cabe señalar el recorte de los programas destinados al asociacionismo, así como el ascenso de la extrema derecha en el poder, como en el caso de Andalucía, han golpeado de manera catastrófica al tejido asociativo migrante, impactando negativamente en la atención de los colectivos más vulnerabilizados, aquellos a los que las asociaciones de mujeres migrantes tenemos acceso permanentemente gracias a nuestro propio esfuerzo.
En estos momentos más que nunca, necesitamos de la responsabilidad de los gobiernos, de los distintos sectores económicos y de la sociedad en general, para paliar los efectos más dañinos que el actual estado de alarma está causando entre la población más vulnerable.
Desde la Red de mujeres Latinoamericanas y del Caribe demandamos al Gobierno:  

  1. Papeles para todas y todos YA. Regularización documental de todas las personas migrantes que se encuentran en situación de irregularidad jurídica en España, en la mayoría de los casos residiendo y trabajando durante años.
  1. Subsidio de desempleo para las empleadas de hogar YA.  Que las medidas de contención acordadas por el Gobierno español para ayudar a paliar los efectos negativos en el ámbito laboral y económico sean también de aplicación a las trabajadoras de este sector. No basta con un mes de paro, tal y como se está anunciado. 
  2. Protección inmediata y eficaz de las empleadas de hogar que mantienen sus empleos durante el actual estado de alarma, sobre todo de quienes tienen por tarea cuidar a personas en situación de dependencia. Esto incluye medidas de protección sanitaria y entrega de equipos de protección.
  1. Mejora de la accesibilidad a la Renta Activa de Inserción para los colectivos vulnerabilizados por la crisis del coronavirus y el estado de alarma y regulación, a medio y largo plazo, de la Renta Básica Universal.
  1. Medidas urgentes destinadas a hacer frente a los impagos de la vivienda habitual de las personas más vulnerables, en particular, las mujeres migrantes con responsabilidades familiares. Exenciones al pago de los gastos de la electricidad, la calefacción o la conexión a Internet o un acceso más flexible a las bonificaciones del Bono energético.
  1. Medidas destinadas a la mejora de la habitabilidad de muchas familias que viven el confinamiento en situación de hacinamiento, vivienda compartida, espacios reducidos o falta de higiene. Ampliación de plazas residenciales para personas o familias en situación de vulnerabilidad residencial o que viven en la calle.
  1. Creación de programas de alimentos (como el Banco de Alimentos), adaptados al actual estado de alarma, por ejemplo, a través de la concesión de tarjetas de compra en supermercados, para aquellas familias que viven en situación de exclusión social, agravada por dicho estado.
  1. Medidas urgentes en materia de conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres que integran familias monoparentales, en particular, migrantes empleadas de hogar, y que continúan realizando sus trabajos, tanto en la economía sumergida como con contrato formal.
  1. Diversificación de las medidas de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género; que el servicio 016 y todos los que se pongan a disposición por vía online o teléfono tengan servicio de intérpretes.
  1. Coordinación urgente con los consulados de origen, a fin de superar las barreras administrativas que pudieran derivarse de la situación nacional y migratoria, tanto para la víctima como para sus hijos e hijas. (Medida 214 del Pacto de Estado)
  1. Ampliación de las plazas en los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos o hijas. Habilitación de nuevos espacios donde puedan residir temporalmente al menos hasta que dure el estado de alarma.
  1. Que, las campañas de sensibilización sobre violencia de género se desarrollen en varios idiomas facilitando que el mensaje llegue a mujeres migrantes de diversas procedencias, en especial a las que se encuentran en situación administrativa irregular.
  1. Medidas específicas y efectivas de protección, apoyo y contención de mujeres en situación de prostitución, la mayoría migrantes. Ninguna de las medidas acordadas hasta ahora por parte del Gobierno para ayudar a contener los efectos del estado de alarma, tiene efecto en este colectivo, dada su invisibilidad y especial desprotección.
  1. Cierre de los CIES, con medidas inmediatas para proteger a las personas que se encuentran internadas en los mismos.      

El aporte de las mujeres migrantes que desarrollan día a día desde sus diferentes espacios, en especial trabajadoras del hogar, de atención domiciliaria, o en residencias de mayores en los distintos rincones del país al cuidado de los grupos más vulnerables: ancianos, menores, personas con capacidades especiales, enfermos, entre otros, es de suma importancia para el funcionamiento del tejido social, aportamos en el desarrollo del país ¡¡¡NO NOS PUEDEN DEJAR ATRÁS!!!